El gobierno y la oposición de Venezuela acordaron este jueves (30.11.2023) revisar las inhabilitaciones políticas de dirigentes opositores a través de un procedimiento que estará en manos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Las partes pactaron un «procedimiento para procurar la revisión de las medidas de inhabilitación dictadas (…) a diversas personas que aspiran postularse como candidatos en las elecciones presidenciales del año 2024», dice un comunicado de Noruega, el país mediador en las negociaciones entre el gobierno y la oposición venezolana. 

Ese acuerdo abre el camino para la eventual candidatura de la opositora María Corina Machado en las elecciones presidenciales de 2024, inhabilitada hasta 2030, según el documento difundido por Noruega.

A través de X (antes Twitter), la Embajada de Noruega en México informó de la recepción de un procedimiento establecido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela para «procurar la revisión» de las inhabilitaciones, dictadas por la Contraloría General de la República (CGR).

Según lo acordado por las partes, «cada uno de los interesados» acudirá personalmente a la Sala Político-Administrativa del TSJ» para ejercer un recurso contra la inhabilitación que tenga impuesta, «acompañada de un amparo cautelar», entre el 1 y el 15 de diciembre. 

Respeto a la Constitución

Luego, la Sala «se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo solicitado, conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia».

El procedimiento indica que los demandantes se abstendrán de incorporar, tanto en sus alegatos como en declaraciones públicas, «conceptos ofensivos o irrespetuosos contra las instituciones del Estado».

Además, cada uno de los solicitantes del levantamiento de las inhabilitaciones se compromete a respetar la Constitución, «honrar y defender la patria», acatar la decisión del TSJ «que emane de este recurso» y rechazar cualquier forma de violencia en el ejercicio político.

Ese documento se conoce el día en el que finaliza el plazo que la Administración de Joe Biden dio al Gobierno de Nicolás Maduro para dar pasos hacia la habilitación de políticos opositores inhabilitados, entre ellos, Machado, que ganó las primarias opositoras del pasado 22 de octubre con el 92,35 por ciento de los votos.

mg (afp, efe)

El ministro de Comercio e Industrias (MICI) de Panamá Federico Alfaro -quien negoció el contrato minero foco de las mayores protestas en décadas en el país centroamericano, y que fue declarado inconstitucional- renunció este jueves (30.11.2023) al cargo.

«En el día de hoy he comunicado al presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, mi renuncia irrevocable al cargo de ministro de Comercio e Industrias», anunció Alfaro en una declaración pública. «La decisión que hoy comunico corresponde al ánimo de dar espacio al diálogo amplio y sincero que reclama el país», agregó.

Como nuevo titular del MICI fue nombrado el hasta ahora secretario nacional de Energía, Jorge Rivera Staff, quien dijo que se establecerá «una mesa técnica de coordinación» con los ministerios de Ambiente, Trabajo y Seguridad Pública para desarrollar las acciones derivadas del fallo judicial, que tiene como consecuencia inexorable el cese de operaciones de la mina Cobre Panamá y posterior cierre.

Rivera Staff declaró que el MICI está «evaluando las acciones que le corresponden para acatar el fallo» de inconstitucionalidad emitido el 27 de octubre por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el contrato que renovó la concesión por 20 años prorrogable a la empresa Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), para la explotación de la mina Cobre Panamá.

La renuncia de Alfaro y de otros ministros implicados en el tema minero ha sido exigida por los sectores que denunciaron el contrato ley. También, se han presentado ante el máximo tribunal -el único que puede juzgar a congresistas en Panamá- al menos dos denuncias contra los 45 legisladores, de un total de 71 del pleno del Parlamento, que votaron a favor del malogrado contrato minero.

Minera pide suspender contratos a 7.000 empleados

Por su parte, FQM argumentó que «tuvo que solicitar formalmente al Ministerio del Trabajo la suspensión de los efectos contractuales de aproximadamente 7.000 empleados», según una nota enviada a los medios.

La aprobación del contrato minero por parte del Congreso el 20 de octubre desató protestas que semiparalizaron al país centroamericano durante más de un mes, que terminaron tras el fallo de la Corte. En tanto, el presidente Laurentino Cortizo prometió un proceso de cierre «ordenado y seguro» de la mina a cielo abierto situada en el Caribe, que además tiene unos 33.000 empleos indirectos.

FQM se justificó su decisión afirmando que, debido a «bloqueos ilegales» en días pasados en los caminos de acceso y en el puerto que sirve a la mina, «la empresa se vio obligada a suspender temporalmente la producción» lo que «también ha afectado nuestra capacidad para mantener las actividades laborales».

Sin embargo, el sindicato de trabajadores de la mina pidió al Gobierno que rechace el pedido de la empresa. «El Ministerio del Trabajo debe cumplir con el procedimiento y resolver en Derecho rechazando de plano la petición», expresó el sindicato en un comunicado. «Una suspensión no termina los contratos, pero la empresa dejaría de pagar salarios», añadió.

El contrato de concesión, suscrito en agosto entre el Gobierno panameño y la empresa canadiense, permitía operar 40 años la mina. FQM, que ha invertido en Panamá más de 10.000 millones de dólares, notificó al Gobierno dos días antes del fallo de la Corte su «intención» de «presentar demandas arbitrales», al amparo del Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá de 2013.

Si Panamá pierde un eventual arbitraje, se arriesga a tener que pagar indemnizaciones multimillonarias. El 16 de noviembre, la compañía pagó 567 millones de dólares en regalías e impuestos al Estado panameño, pero quedaron congelados y las autoridades no han explicado qué destino tendrán esos fondos tras el fallo de la Corte.

ama (efe, afp)