El ministro de Comercio e Industrias (MICI) de Panamá Federico Alfaro -quien negoció el contrato minero foco de las mayores protestas en décadas en el país centroamericano, y que fue declarado inconstitucional- renunció este jueves (30.11.2023) al cargo.

«En el día de hoy he comunicado al presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, mi renuncia irrevocable al cargo de ministro de Comercio e Industrias», anunció Alfaro en una declaración pública. «La decisión que hoy comunico corresponde al ánimo de dar espacio al diálogo amplio y sincero que reclama el país», agregó.

Como nuevo titular del MICI fue nombrado el hasta ahora secretario nacional de Energía, Jorge Rivera Staff, quien dijo que se establecerá «una mesa técnica de coordinación» con los ministerios de Ambiente, Trabajo y Seguridad Pública para desarrollar las acciones derivadas del fallo judicial, que tiene como consecuencia inexorable el cese de operaciones de la mina Cobre Panamá y posterior cierre.

Rivera Staff declaró que el MICI está «evaluando las acciones que le corresponden para acatar el fallo» de inconstitucionalidad emitido el 27 de octubre por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el contrato que renovó la concesión por 20 años prorrogable a la empresa Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), para la explotación de la mina Cobre Panamá.

La renuncia de Alfaro y de otros ministros implicados en el tema minero ha sido exigida por los sectores que denunciaron el contrato ley. También, se han presentado ante el máximo tribunal -el único que puede juzgar a congresistas en Panamá- al menos dos denuncias contra los 45 legisladores, de un total de 71 del pleno del Parlamento, que votaron a favor del malogrado contrato minero.

Minera pide suspender contratos a 7.000 empleados

Por su parte, FQM argumentó que «tuvo que solicitar formalmente al Ministerio del Trabajo la suspensión de los efectos contractuales de aproximadamente 7.000 empleados», según una nota enviada a los medios.

La aprobación del contrato minero por parte del Congreso el 20 de octubre desató protestas que semiparalizaron al país centroamericano durante más de un mes, que terminaron tras el fallo de la Corte. En tanto, el presidente Laurentino Cortizo prometió un proceso de cierre «ordenado y seguro» de la mina a cielo abierto situada en el Caribe, que además tiene unos 33.000 empleos indirectos.

FQM se justificó su decisión afirmando que, debido a «bloqueos ilegales» en días pasados en los caminos de acceso y en el puerto que sirve a la mina, «la empresa se vio obligada a suspender temporalmente la producción» lo que «también ha afectado nuestra capacidad para mantener las actividades laborales».

Sin embargo, el sindicato de trabajadores de la mina pidió al Gobierno que rechace el pedido de la empresa. «El Ministerio del Trabajo debe cumplir con el procedimiento y resolver en Derecho rechazando de plano la petición», expresó el sindicato en un comunicado. «Una suspensión no termina los contratos, pero la empresa dejaría de pagar salarios», añadió.

El contrato de concesión, suscrito en agosto entre el Gobierno panameño y la empresa canadiense, permitía operar 40 años la mina. FQM, que ha invertido en Panamá más de 10.000 millones de dólares, notificó al Gobierno dos días antes del fallo de la Corte su «intención» de «presentar demandas arbitrales», al amparo del Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá de 2013.

Si Panamá pierde un eventual arbitraje, se arriesga a tener que pagar indemnizaciones multimillonarias. El 16 de noviembre, la compañía pagó 567 millones de dólares en regalías e impuestos al Estado panameño, pero quedaron congelados y las autoridades no han explicado qué destino tendrán esos fondos tras el fallo de la Corte.

ama (efe, afp)

Argentina declaró la emergencia sanitaria en todo el país, tras la aparición de varios casos de encefalomielitis equina, una virosis febril que afecta a los caballos y puede ser trasmitidos a humanos, en distintas provincias del territorio, informaron fuentes oficiales este jueves (30.11.2023).

El Boletín Oficial, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) estableció la emergencia sanitaria en todo el país, junto a medidas que restringen el movimiento y concentración de animales equinos y que permiten el «control, vigilancia y prevención para controlar la enfermedad”.

Un brote del virus fue detectado en las provincias de Corrientes, Santa Fe y Córdoba el sábado pasado, aunque también existen casos sospechosos en Entre Ríos y en el vecino Uruguay.

La encefalomielitis equina, una enfermedad exótica en Argentina, posee tres variantes y puede trasmitirse a las personas a través de las picaduras de mosquitos con baja letalidad en humanos, pero con síntomas graves que deterioran la salud del infectado.

En la variante Este, los síntomas que acarrea son fiebre, dolores de cabeza, escalofríos, náuseas, vómitos, pérdidas severas del apetito y hasta dificultades respiratorias, mientras que en la Oeste se suman deficiencias neurológicas focalizadas, desorientación, temblores, convulsiones y parálisis corporal. 

En el caso del ganado equino, la variable Este tiene una tasa de letalidad del 90 % y en la variable Oeste sólo entre un 20 a 30 % puede llegar a morir, aunque en la mayoría de los casos los caballos quedan convalecientes y con secuelas.

Por último, en la variante llamada Venezuela, que nunca estuvo presente en el país suramericano, la tasa de mortalidad varía entre el 40 y 90 %.

Caballos son huespedes terminales del virus

De acuerdo con el Senasa, los caballos funcionan como huéspedes terminales del virus que les provoca hiperexcitación, depresión, deambulaciones y fiebre antes de terminar echados en el suelo sin poder levantarse.

«La normativa faculta al Senasa a establecer medidas complementarias de emergencia, sobre la base de una evaluación de riesgos que lo sustente y a propiciar normas que dispongan medidas de control, prevención y vigilancia, adoptando las acciones sanitarias extraordinarias para controlar la enfermedad», remarcó el documento oficial.

En este sentido, la entidad sanitaria ha intervenido en «todos los establecimientos que notificaron signos nerviosos o mortandad de equinos», al tiempo que articulan acciones con el Ministerio de Salud, que hasta el momento no ha registrado casos positivos en humanos.

Finalmente, el Senasa se encuentra coordinando disponibilidad inmediata y mayor distribución de vacunas con las cámaras veterinarias del país e instaron al sector agropecuario a extremar el control de poblacional de mosquitos, las medidas de higiene y desinfección del ganado equino.

jc (efe, Perfil)