ACTUALIDAD
la tragedia tras Otis – DW – 05/11/2023


El huracán Otis que implacable llegó a Acapulco el 25 de octubre se ensañó con una población que ya vivía asolada por la pobreza y la inseguridad. Las autoridades indolentes y omisas ante esas circunstancias son las mismas que los dejaron solos antes y después del huracán. La gente vivió más de 48 horas una situación apocalíptica en condiciones de alta vulnerabilidad.
Al fenómeno natural incontenible que arrasó con lo que un día fue considerada la bahía más hermosa del mundo, se suma el acecho de las hienas que estaban ahí desde antes de la tragedia y que tras el paso de Otis tratan de sacar provecho político y económico de los decenas de miles que quedaron sin hogar, sin patrimonio, sin trabajo y en calidad de presa fácil de gobernantes, funcionarios públicos, políticos y delincuencia organizada que, como lo he investigado durante años, son muchas veces lo mismo.
En total ausencia de orden, autoridad y medidas de protección para la población durante más de 48 horas, decenas de miles de personas en Acapulco quedaron varadas con las calles inundadas, cientos de construcciones destruidas o severamente dañadas, sin luz, sin agua, sin estaciones de gasolina y con la estructura de comunicación colapsada.

En poco tiempo comenzaron los robos a negocios para cada uno apropiarse de lo poco que quedaba para sobrevivir, en vez de que la autoridad organizara inmediatamente la entrega de víveres. Ante la ausencia total de gobierno y seguridad comenzaron los saqueos a viviendas para quitar a los sobrevivientes lo poco que habían salvado. Los hechos ocurrieron incluso en colonias céntricas como La Quebrada. Los que pudieron salvar sus vehículos con la poca gasolina disponible comenzaron a huir a Chilpancingo ante el temor por la delincuencia desenfrenada.
«En la noche se escuchan balazos, no hay policía, ¡no hay nadie!”, denunció en entrevista con Telemundo una vecina de Acapulco desesperada que había logrado llegar a Chilpancingo.
Para poder entender objetivamente los estragos del huracán y el nivel de indolencia, omisión, irresponsabilidad y populismo criminal ante la tragedia por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y la gobernadora morenista Evelyn Salgado, es necesario poner el contexto de cuál era la situación en la zona antes de la llegada de Otis.
Asolados por la pobreza y la delincuencia
Guerrero, y particularmente Acapulco, ya tenían altos porcentajes de devastación por la pobreza y la inseguridad. Guerrero es el segundo estado que concentra el mayor índice de pobreza en todo México: el 65,6 por ciento de los habitantes viven en esa condición, y un 26 por ciento en «extrema pobreza”, según el informe del Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) dado a conocer en agosto. Según el documento, la población en Guerrero tiene índice de marginalidad y de rezago social «muy alto”.
En el «Informe Pobreza y Evaluación 2022 Guerrero”, publicado por el Coneval, Acapulco es el municipio donde se concentra «el mayor número de personas en situación de pobreza” de todo el estado. Un total de 394.861 habitantes de los 757.367 que componen la población de Acapulco viven en la pobreza, es decir más del 50 por ciento. Y por si fuera poco, de todo el estado la ciudad devastada por Otis es la que concentra la mayor cantidad de personas que viven en extrema pobreza, es decir que no tienen los recursos mínimos ni para alimentarse: 126.672.
Del total de habitantes de Acapulco, el 55,4 por ciento NO TIENE seguridad social. La tercera parte de la población NO TIENE servicios básicos en su vivienda. Y poco más de la tercera parte de los habitantes NO TIENE acceso a alimentación nutritiva y de calidad.
Todas estas condiciones previas al huracán pueden dejar ver con más realismo las condiciones extremas por las que atraviesan los pobladores, más allá de los 47 fallecidos y 56 desaparecidos.

Aunada a la pobreza en la que viven los acapulqueños está la inseguridad. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública publicada por un órgano del gobierno federal en septiembre pasado, la tasa de incidencia delictiva aumentó entre 2021 y 2022 un 18 por ciento en todo el estado. Específicamente en Acapulco, actual zona del desastre, la percepción de inseguridad ha aumentado notablemente de marzo a junio, período en que pasó del 67,8 al 76,2 por ciento. A esto hay que añadir los constantes casos de extorsión e imposición de precios a productos de primera necesidad.
Ante esta realidad es que la oferta de AMLO de entregar becas a 10 mil jóvenes, 45 mil a estudiantes de nivel básico, una estufa, refrigerador, ventilador y una cama a los damnificados, como parte de su «plan de ayuda” es mucho más que ofensivo, es una burla inhumana.
Los olvidados
Si Andrés Manuel López Obrador y la gobernadora Salgado, para prevenir y proteger a la población hubieran puesto el mismo esfuerzo, interés y uso de medios de comunicación que ponen en hacer propaganda a favor de su partido político Morena y la precandidata presidencial Claudia Sheinbaum, la población que estaba en tierra y en alta mar hubiera podido resguardarse mejor para proteger sus vidas.
Salgado -quien sin ningún mérito llegó a la gobernatura luego de que su padre, Félix Salgado, no pudiera contender tras ser acusado de violación y por haber violado la ley electoral- apareció en la zona del desastre 48 horas después sin que hasta el momento haya una explicación lógica que justifique semejante omisión.
Mientras que AMLO, con el lenguaje compulsivamente populista que lo caracteriza, ha intentado desde un inicio aminorar el desastre. El 25 de octubre se desplazó a Acapulco acompañado por algunos miembros de su gabinete, y regresó ese mismo día a la Ciudad de México. Llamó la atención la ausencia de la gobernadora. Evidentemente su visita fue estéril y el vacío de autoridad continuó en la zona.
Irresponsable, pensando primero en monopolizar políticamente la ayuda a la población, pese a la urgencia de coordinar la mayor cantidad de manos posibles para recabar y distribuir ayuda, el 26 de octubre afirmó que toda la ayuda deberá ser repartida únicamente por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, prohibiendo incluso la intervención de las autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil.
A los pocos días, en sus conferencias de prensa en la Ciudad de México, AMLO, al dirigirse a la población afectada, dijo que «ya en Navidad las familias van a estar muy contentas”. No lo estuvieron antes del huracán con los niveles de pobreza e inseguridad y ciertamente no lo estarán al poco tiempo de la devastación.
Y sobre la infraestructura hotelera, casi en tono de festejo ha dicho «estructuras de hoteles quedaron bien”, aunque en todo el mundo han circulado fotografías de hoteles y edificios semidestruidos.
Como parte del plan para llevar esa «felicidad” instantánea, López Obrador anunció el reparto de 8 mil pesos para los damnificados, y que «no se pagará el servicio de luz de noviembre de 2023 a febrero de 2024”, sin tomar en cuenta que una buena proporción de los habitantes ni siquiera contaba con ese servicio con regularidad.
Dijo que se entregará una canasta básica de 24 productos, no se dijo por cuánto tiempo. Y que entregará recursos entre 35 mil y 60 mil pesos mensuales (1.800-3.200 euros), y ofreció créditos de 25 mil pesos (1.300 euros).
De poco o nada sirve el pomposo anuncio. Ante el poder de organización de la criminalidad, estos van pasos más adelante. Venden el litro de gasolina robada al doble, ante la escasez de productos impondrán también precios más altos a productos básicos peor que como lo hacían desde antes del desastre. Y si en verdad comienzan a llegar recursos, mientras impere la delincuencia, que estaba ya previa al huracán, las ínfimas ayudas terminarán en los bolsillos de siempre: criminales violentos y los de cuello blanco.
En el oportunismo grotesco AMLO ahora sí se acuerda de los pobres de Acapulco. Asegura que los ayudará más que a los empresarios, siendo que una ayuda vigilada y ordenada al sector empresarial -también brutalmente afectado- bajo la condición de crear nuevos empleos, es lo único que a mediano plazo puede garantizar la reversión de la perversa condición previa de la pobreza.
López Obrador lleva casi cinco años gobernando México y pudo haber hecho mucho más para evitar el nivel de vulnerabilidad de los habitantes de Acapulco. En la campaña electoral eterna de AMLO rumbo a las elecciones del 2024, el presidente quiere gente desesperada e ingenua que crea que todo lo que NO HIZO en cinco años lo va a hacer dos meses.
(dz)
ACTUALIDAD
Gobierno y oposición de Venezuela revisarán inhabilitaciones – DW – 01/12/2023

El gobierno y la oposición de Venezuela acordaron este jueves (30.11.2023) revisar las inhabilitaciones políticas de dirigentes opositores a través de un procedimiento que estará en manos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Las partes pactaron un «procedimiento para procurar la revisión de las medidas de inhabilitación dictadas (…) a diversas personas que aspiran postularse como candidatos en las elecciones presidenciales del año 2024», dice un comunicado de Noruega, el país mediador en las negociaciones entre el gobierno y la oposición venezolana.
Ese acuerdo abre el camino para la eventual candidatura de la opositora María Corina Machado en las elecciones presidenciales de 2024, inhabilitada hasta 2030, según el documento difundido por Noruega.
A través de X (antes Twitter), la Embajada de Noruega en México informó de la recepción de un procedimiento establecido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela para «procurar la revisión» de las inhabilitaciones, dictadas por la Contraloría General de la República (CGR).
Según lo acordado por las partes, «cada uno de los interesados» acudirá personalmente a la Sala Político-Administrativa del TSJ» para ejercer un recurso contra la inhabilitación que tenga impuesta, «acompañada de un amparo cautelar», entre el 1 y el 15 de diciembre.
Respeto a la Constitución
Luego, la Sala «se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo solicitado, conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia».
El procedimiento indica que los demandantes se abstendrán de incorporar, tanto en sus alegatos como en declaraciones públicas, «conceptos ofensivos o irrespetuosos contra las instituciones del Estado».
Además, cada uno de los solicitantes del levantamiento de las inhabilitaciones se compromete a respetar la Constitución, «honrar y defender la patria», acatar la decisión del TSJ «que emane de este recurso» y rechazar cualquier forma de violencia en el ejercicio político.
Ese documento se conoce el día en el que finaliza el plazo que la Administración de Joe Biden dio al Gobierno de Nicolás Maduro para dar pasos hacia la habilitación de políticos opositores inhabilitados, entre ellos, Machado, que ganó las primarias opositoras del pasado 22 de octubre con el 92,35 por ciento de los votos.
mg (afp, efe)
ACTUALIDAD
Renuncia ministro que negoció el contrato minero en Panamá – DW – 01/12/2023

El ministro de Comercio e Industrias (MICI) de Panamá Federico Alfaro -quien negoció el contrato minero foco de las mayores protestas en décadas en el país centroamericano, y que fue declarado inconstitucional- renunció este jueves (30.11.2023) al cargo.
«En el día de hoy he comunicado al presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, mi renuncia irrevocable al cargo de ministro de Comercio e Industrias», anunció Alfaro en una declaración pública. «La decisión que hoy comunico corresponde al ánimo de dar espacio al diálogo amplio y sincero que reclama el país», agregó.
Como nuevo titular del MICI fue nombrado el hasta ahora secretario nacional de Energía, Jorge Rivera Staff, quien dijo que se establecerá «una mesa técnica de coordinación» con los ministerios de Ambiente, Trabajo y Seguridad Pública para desarrollar las acciones derivadas del fallo judicial, que tiene como consecuencia inexorable el cese de operaciones de la mina Cobre Panamá y posterior cierre.
Rivera Staff declaró que el MICI está «evaluando las acciones que le corresponden para acatar el fallo» de inconstitucionalidad emitido el 27 de octubre por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el contrato que renovó la concesión por 20 años prorrogable a la empresa Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), para la explotación de la mina Cobre Panamá.
La renuncia de Alfaro y de otros ministros implicados en el tema minero ha sido exigida por los sectores que denunciaron el contrato ley. También, se han presentado ante el máximo tribunal -el único que puede juzgar a congresistas en Panamá- al menos dos denuncias contra los 45 legisladores, de un total de 71 del pleno del Parlamento, que votaron a favor del malogrado contrato minero.

Minera pide suspender contratos a 7.000 empleados
Por su parte, FQM argumentó que «tuvo que solicitar formalmente al Ministerio del Trabajo la suspensión de los efectos contractuales de aproximadamente 7.000 empleados», según una nota enviada a los medios.
La aprobación del contrato minero por parte del Congreso el 20 de octubre desató protestas que semiparalizaron al país centroamericano durante más de un mes, que terminaron tras el fallo de la Corte. En tanto, el presidente Laurentino Cortizo prometió un proceso de cierre «ordenado y seguro» de la mina a cielo abierto situada en el Caribe, que además tiene unos 33.000 empleos indirectos.
FQM se justificó su decisión afirmando que, debido a «bloqueos ilegales» en días pasados en los caminos de acceso y en el puerto que sirve a la mina, «la empresa se vio obligada a suspender temporalmente la producción» lo que «también ha afectado nuestra capacidad para mantener las actividades laborales».
Sin embargo, el sindicato de trabajadores de la mina pidió al Gobierno que rechace el pedido de la empresa. «El Ministerio del Trabajo debe cumplir con el procedimiento y resolver en Derecho rechazando de plano la petición», expresó el sindicato en un comunicado. «Una suspensión no termina los contratos, pero la empresa dejaría de pagar salarios», añadió.
El contrato de concesión, suscrito en agosto entre el Gobierno panameño y la empresa canadiense, permitía operar 40 años la mina. FQM, que ha invertido en Panamá más de 10.000 millones de dólares, notificó al Gobierno dos días antes del fallo de la Corte su «intención» de «presentar demandas arbitrales», al amparo del Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá de 2013.
Si Panamá pierde un eventual arbitraje, se arriesga a tener que pagar indemnizaciones multimillonarias. El 16 de noviembre, la compañía pagó 567 millones de dólares en regalías e impuestos al Estado panameño, pero quedaron congelados y las autoridades no han explicado qué destino tendrán esos fondos tras el fallo de la Corte.
ama (efe, afp)
ACTUALIDAD
Abás pide a Blinken un «alto al fuego total» en Gaza – DW – 30/11/2023

30 de noviembre de 2023
https://p.dw.com/p/4Ze9y
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